[Ponencia que con el título “Primer gobierno diferente en Chiapas. Elementos para una evaluación integral del proceso electoral 2000” fue presentada ante el foro universitario “México rumbo a la democracia. Los comicios del año 2000”. Evento efectuado bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, los días 16 y 17 de noviembre del año 2000].
Alrededor de las 22:50 horas del día veinte de agosto, fecha de la jornada comicial, el Consejo Estatal Electoral (CEE) informó a los chiapanecos los resultados de los “conteos rápidos” contratados a las empresas Consulta Mitowsky y BIMSA. En el primero se verificó 9,3 puntos porcentuales de diferencia entre los votos de Pablo Salazar y Sami David, mientras que en el segundo se reportó 14,4 puntos diferenciales.
A esa misma hora los resultados que se leían en las pantallas del PREP corroboraban el pronóstico, no obstante que apenas se incorporaban los datos del 25 % de los paquetes electorales. A las 12:32 horas del día siguiente, sin embargo, habiéndose incorporado el 96,3 % de las casillas, el PREP registraba 57,043 votos de diferencia favorable para la Coalición Alianza por Chiapas, o lo que es lo mismo: seis puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro candidato. En ese momento se confirmaba definitivamente la tendencia irreversible de la elección.
De acuerdo con los reportes oficiales del día de la jornada y los subsecuentes, se corroboró que, salvo el enfrentamiento de aliancistas y priistas, y la consecuente suspensión de la elección en Totolapa ―distrito electoral de Venustiano Carranza―, la jornada había transcurrido en paz, aunque no en absoluta calma, debido a una serie de incidencias y dificultades; todas ligadas al fanatismo de algunos militantes, como los casos de amedrentamiento imputados a las bandas de “Paz y Justicia” que asuelan la subregión del Tulijá. Estos serían los datos más elocuentes y destacados de la jornada electoral.
Una elección de gobernador que en cierto modo habrá de ser aleccionadora para los subsecuentes comicios estatales. Pero de lo que se trata es de identificar o aislar las características que hicieron esta elección muy diferente a las precedentes, a las organizadas desde 1994 por el órgano electoral estatal y a las federales preparadas por el Instituto Federal Electoral en los años recientes.
Una evaluación rápida de los resultados
Y es que, vale la pena cultivar estas reflexiones, desde la perspectiva de los resultados, a fin de dilucidar y comprender el comportamiento de la ciudadanía, tanto en términos políticos y partidarios, como en cuanto al nivel de su participación y de su avance democrático, pues es evidente desde hoy, que esta elección ―andando el tiempo― será digerida por Tirios y Troyanos como una especie de parteaguas dentro de la historia político-electoral contemporánea de Chiapas. Caudal de enseñanzas para los comicios futuros y sus propios procesos organizacionales y logísticos.
En este sentido, destacable es una primera cuestión. Todas las casillas electorales que el Consejo Estatal había previsto emplazar, funcionaron adecuadamente, salvo aquellas en donde con antelación se asumió que no podrían instalarse, ante la negativa de algunas comunidades indígenas ligadas de algún modo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): Diez en el distrito de Las Margaritas y una en el de Ocosingo, además de otra, por causa diferente, en el distrito sur de Tapachula. Asimismo, se suspendió la elección en cuatro casillas del municipio de Totolapa, debido al clima de intolerancia y enfrentamiento que se verificó entre simpatizantes de la Coalición y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En segundo lugar, de los votos válidos contados al nivel estatal, el 52,8 % correspondieron a la Coalición, 46,8% al PRI y tan sólo 0,4% al Partido Democracia Social (PDS), hecho este último, atribuible a la extrema polarización política observada, y a la inexistente integración al interior de ese partido. En quince distritos electorales la Coalición se alzó con el triunfo, debido fundamentalmente al arraigo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a la expectativa favorable representada por la figura del propio candidato aliancista, y al impacto político oportuno del triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) al nivel federal.
Mientras tanto, el PRI mantuvo su posición privilegiada en nueve distritos, especialmente en aquellos en donde fue reforzada su estructura organizacional, su imbricación con el Estado y su tradición corporativa. Es el caso específico de los distritos de Pueblo Nuevo, Copainalá, Motozintla y Chamula. El comportamiento electoral de los restantes distritos de Comitán, Ocosingo, Las Margaritas, Tenejapa y Huixtla responde a fenómenos de otra naturaleza, como se intentará explicar más adelante.
Los votos inválidos y nulificados
Es importante destacar que sólo seis puntos porcentuales hicieron la diferencia entre los dos proyectos políticos más importantes; que el total de votos válidos representó el 97,5 % de los votos emitidos, aunque también es sintomático que el 2,3 % de las papeletas hayan sido calificadas como “votos nulos”. Es decir, sufragios que fueron nulificados por los funcionarios de las mesas directivas de casillas, ante la dificultad de definir claramente la intención del ciudadano al marcar su boleta, fenómeno atribuible a su deficiente orientación, o a su definitiva intención de invalidar su sufragio, como en el caso de los votantes que cruzaron toda la papeleta o escribieron en ella, denuestos o barbaridades.
A la suma total deben incorporarse también el 0,2 % de sufragios “no registrados”, o sea: los votos expresados a favor de líderes o personajes locales, no consignados oficialmente como candidatos ante el órgano electoral, dato que vale destacar aquí, pues se creía, con base en la experiencia de otras elecciones similares, que el porcentaje de votos nulos y no registrados sería mayor, habida cuenta de la incipiente educación cívica de la ciudadanía y las tensiones generadas por el proceso mismo.
Ahora, si a esto incorporamos el alto margen de abstención, equivalente al 50,2 % ―preocupante en sí mismo, por lo que más adelante se hacen referencias―, la suma de los votos reales obtenidos por el PRI y la Coalición apenas corresponde al 48,4 % de los ciudadanos que integran el universo de la “lista nominal” de 2.090,545 ciudadanos; de donde se colige que el nuevo gobierno prácticamente se sustentará en el 25,6 % de los electores, o en términos absolutos, en la decisión de 535,860 ciudadanos votantes.
Con base en la información disponible, los distritos electorales fundamentalmente urbanos votaron por la Coalición. Entre estos se encuentran los de Tuxtla Gutiérrez, los de Tapachula de Córdoba, el de Chiapa de Corzo y el de San Cristóbal de Las Casas, además de observarse el mismo fenómeno en los municipios eminentemente urbanos de otros distritos electorales. Entre ellos Comitán de Domínguez, Chilón, Jitotol, Tapilula, Huehuetán, Mazatán, Frontera Comalapa y Cacahoatán.
Se deduce de ello que el comportamiento electoral de la ciudadanía en estos distritos y municipios estaría indicando alguna correlación implícita de tres factores substanciales:
1. Grado de
educación promedio de la población urbana, sensiblemente mayor que el de las
zonas rurales,
2. Exposición
crítica ante el impacto de las campañas políticas, o independencia de criterio
frente a los llamados “factores reales de poder”, y
3. Grado de
politización relativamente mayor, dado el interés manifestado por la ciudadanía
respecto de la información político-electoral.
La contraparte de esta situación, sin embargo, se encuentra en los distritos electorales en donde el PRI mantuvo su preeminencia debido a la composición fundamentalmente rural de los votantes y al impacto positivo de los programas de subsidio directo al consumo, impulsados por el gobierno como parte de una estrategia evidentemente política. Tales distritos son: Comitán, Ocosingo, Pueblo Nuevo, Copainalá, Motozintla, Las Margaritas, Tenejapa y Chamula, excluyéndose al distrito de Huixtla, debido a la particularidad de sus procesos políticos.
No obstante, la conducta electoral de los distritos de Motozintla y Chamula ―bastiones tradicionales del voto corporativo rural a favor del PRI― mostraron un fenómeno totalmente nuevo: La formación de núcleos electorales atípicos; “cuñas electorales” que estarían poniendo en entredicho el monolitismo de los cacicazgos rurales, fenómeno que también permea a todas las circunscripciones de tradición priista. El distrito de Motozintla engloba a los municipios campesinos altamente depauperados de la Sierra Madre, mientras que el distrito de Chamula comprende los municipios indígenas de Los Altos: Chamula, Chalchihuitán, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó y Zinacantán.
Aunque en estos distritos el triunfo electoral fue para el PRI, en el caso de Motozintla el 46 % de los votos fue capitalizado por la Coalición ―a escasos ocho puntos porcentuales de diferencia de los obtenidos por el PRI―, mientras que en Chamula el 28,4 % de los ciudadanos expresaron su voto a favor de aquella expresión política. El hecho es relevante en sí mismo puesto que nunca antes se había observado este comportamiento. Chamula produjo en esta ocasión 47,079 votos, tantos como los reportados por los distritos de Venustiano Carranza y Bochil, incluyendo entre ellos, cuarenta y siete no registrados, 1831 nulos y 255 favorables al PDS.
El abstencionismo, el de siempre.
El abstencionismo promedio general observado en la elección, fue de 50,2 %, o lo mismo en otras palabras: Que solamente votó el 49,8 % de los ciudadanos enlistados en la nómina electoral, no obstante que se registraron índices aún mayores, como en el caso del distrito de Comitán, en donde la abstención fue del 57,6 %, mientras que la mayor proporción de votos (63,5 %) se registró en el distrito de Pueblo Nuevo, en donde el PRI aventajó a la Coalición con 804 votos, equivalentes a cuatro puntos porcentuales, siendo éste un distrito mayoritariamente indígena.
1. En términos
generales, las comunidades indígenas pro-zapatistas decidieron no expresar su
voto,
2. El clima de
confrontación, de descalificaciones y ataques personales de las campañas
políticas, inhibió el voto de las mujeres y de los indecisos, y
3.
Especialmente el estrato de los votantes “maduros” (mayores de cuarenta y cinco
años) no votó debido al impacto que en ellos tuvo las campañas de animadversión
y linchamiento en contra de los observadores electorales, y en particular de
los universitarios, estereotipados ―desde la prensa y los medios electrónicos― como “cegeacheros” y “ultras”, lo que provocó rumores
de disturbios, o enfrentamientos en las casillas.
Al respecto, bueno es puntualizar que,
no obstante que los órganos electorales desarrollan campañas para incentivar la
participación electoral de la ciudadanía ―de
frente al atraso político de algunas áreas de Chiapas y a la referida magra
educación cívica de la población―, recae especialmente en los partidos y en las formaciones
políticas, la responsabilidad de sensibilizar y convencer a la ciudadanía de la
bondad de las elecciones en tanto que mecanismo apropiado y legítimo para
renovar los poderes del Estado.
Las áreas
zapatistas se cocieron aparte
Y esto es cierto pues la abstención observada en las áreas de influencia del EZLN se comportó de acuerdo a patrones difusos. En los distritos en donde se ubican municipios y comunidades que públicamente se han pronunciado como simpatizantes o bases civiles de esta organización, se observó una alta abstención debido a su negativa a expresar su voto, misma razón por la que el triunfo correspondió, sin objeciones, al PRI. Es el caso de los distritos de Ocosingo, Las Margaritas, Tenejapa, Chamula y Comitán, siendo este último en donde se registró el más alto índice de abstención.
Justo es reconocer, sin embargo, que al interior de tales distritos se identificaron municipios específicos en los que, con total independencia de aquella organización, la Coalición obtuvo una mayoría determinante. Fue el caso de Chilón, Sitalá, Tenejapa, Chalchihuitán, Comitán y Villa Las Rosas.
De otra parte, se infiere que en los distritos de Yajalón, Palenque y Bochil, en donde las bases sociales y simpatizantes del EZLN constituyen un sector político importante, las comunidades decidieron votar, a contracorriente, o con el beneplácito de esa organización, adoptando una estrategia diferente, de mayor participación y activismo político, hecho que se vio reflejado en el triunfo conferido a la Coalición.
Sin embargo, no debe descartarse la evidencia, del alto grado de confrontación existente al interior de distritos y municipios, pues del mismo modo como hay municipios en donde el éxito político correspondió al PRI, al interior de ellos y de las comunidades, el nivel de encono se observa en los márgenes muy pequeños de diferencia concretados entre una y otra formación política.
Otros hallazgos
importantes
Es destacable el caso del distrito de Huixtla, en donde a pesar de que los municipios de Huehuetán y Mazatán se expresaron mayoritariamente a favor de la Coalición, y a pesar también, de que el electorado de los municipios de Huixtla, Mazatán, Tuzantán y Villa Comaltitlán había apoyado durante los últimos años a los partidos “oposicionistas” y en especial al PAN, en esta ocasión el triunfo correspondió al PRI. Bien es cierto que, con una diferencia relativamente pequeña, del 4,4 % de los sufragios. Clara muestra de cómo, los acuerdos de las cúpulas partidarias no son siempre aceptadas en el nivel local, lo mismo que en muchos casos, la ciudadanía responde de modo pragmático ante el magro desempeño de las autoridades elegidas, como ocurrió exactamente igual en Frontera Hidalgo, municipio correspondiente al distrito de Cacahoatán.
Asimismo en el municipio de Soyaló, tierra de la familia del candidato de la Coalición, en donde se creía que éste ganaría la contienda con algún margen de ventaja, el PRI llevó la delantera, aun cuando la diferencia entre una y otra opción política fue de tan sólo sesenta y nueve votos, y en el municipio de Ocozocoautla, pueblo de donde es oriunda toda una familia de políticos jóvenes y destacados ―recién convertidos hacia el Partido de la Revolución Democrática y hacia los proyectos de la Coalición― el PRI mantuvo su preeminencia con una diferencia favorable de 553 votos.
También se tiene evidencia para afirmar que no debe creerse ingenuamente en la posibilidad de los cotos cerrados, los bastiones exclusivos, o los bloques monolíticos; pues como se observa en el caso del más pequeño de los municipios de Chiapas ―Nicolás Ruiz, en el distrito de Venustiano Carranza―, a pesar de que la contienda fue ganada por la Coalición, hubo 257 ciudadanos que expresaron su voto a favor del PRI.
Y finalmente, que el divisionismo y la confrontación a ultranza no es una posibilidad, sino parte de la realidad política compleja de los pueblos de Chiapas, como fue exhibido en el caso de Totolapa, en donde a causa de enfrentamientos entre aliancistas y priistas se suspendió la elección en cuatro casillas, municipio en donde el PRI obtuvo el triunfo con 556 sufragios, aunque sólo por una diferencia de dos votos.
Las
aportaciones y aciertos del Consejo Electoral
Evidentemente hay una serie de aciertos que ameritan ser destacados, pero no se ubicarían en su justa dimensión, de no reconocer el atraso en que se encontraba la legislación y la logística electoral antes de la conmoción social de principios de 1994. De no ponderar los avances reportados por el Código Electoral de ese año y los barruntos de ciudadanización que con él se permitieron a la Comisión Estatal Electoral. No se apreciarían correctamente, de no asumir los esfuerzos constructivos que posteriormente emprendió el Consejo Estatal, luego de las enmiendas al mismo Código, introducidas en mayo de 1995.
Es con base en ese reciente, aunque lento proceso de ciudadanización del órgano electoral, lento proceso de perfeccionamiento de su mecánica organizativa ―además de la notoria rearticulación de las fuerzas políticas de la oposición tradicional―, que ahora los ciudadanos observamos un salto verdaderamente cualitativo en el desarrollo del proceso electoral que se comenta.
Se observó, por decirlo de una manera esquemática, una jornada electoral tensa ―es cierto― aunque propiciada por el hecho de haber sido la más competida de la historia moderna de Chiapas. Como nunca antes, la sociedad percibía que la moneda estaba en el aire, que no había garantías de triunfo para nadie, y que de este modo se fortalecía el proceso de democratización de la entidad y de sus tradicionales prácticas políticas.
Desde otra perspectiva, fue evidente que esta elección se asumía a plenitud y con un mayor grado de eficacia por parte del CEE, del colegio de sus Consejeros Ciudadanos y de su estructura funcional, debido a que, por primera vez en la historia electoral de las entidades federativas del país, la institución corría el riesgo de efectuar el proceso de “insaculación” de ciudadanos, de organizar sus comunicaciones internas y de desarrollar autónomamente el PREP, confiada en sus propios recursos humanos, logísticos y tecnológicos.
Fue exitosa la decisión de reducir substancialmente los centros de acopio tradicionales, pues con ello la cobertura del PREP fue más amplia, además de agilizar el procesamiento y transmisión de la información relativa. La publicitación de los “conteos rápidos” se efectuó en los tiempos previstos, y la evolución de los datos del PREP fue consultada por primera vez en la historia de Chiapas, desde los hogares mexicanos y del mundo, a través de diversos sitios de Internet.
Por primera vez también, el CEE se deslindaba de la estrategia de resguardo y seguridad instrumentada durante la jornada electoral, por parte del Estado, al tiempo que precisaba las atribuciones de los órganos policiales respecto de las conductas ciudadanas vinculadas a la jornada electoral. Y finalmente, esta elección fue la más observada de la historia de México, pues se acreditaron a más de cinco mil observadores nacionales y visitantes extranjeros, además de registrar a alrededor de setecientos periodistas y agentes de prensa.
Los desaciertos y limitaciones del Consejo
Con plena satisfacción y buena dosis de autocrítica puede afirmarse que las fallas imputables al órgano electoral fueron superadas definitivamente ante la certeza y calidad de los resultados electorales reportados. O ante la notoria trascendencia de sus aciertos. Que fueron en verdad menores, igual que corregibles en el corto plazo sus desaciertos… aunque igual, ahí están los datos duros para una cabal evaluación.
Otra falla detectada fue la aceptación de una práctica que, aunque jurídicamente incorrecta, fue validada una vez más ante la falta absoluta de alternativas. Me refiero a la integración de varias casillas electorales de localidades indígenas y campesinas, con ciudadanos propuestos directamente por las comunidades y autoridades locales, cuyas decisiones podrían haberse ligado a cacicazgos o a intereses de alguna formación política, violentando evidentemente el mandato de la ley, misma que consigna el sorteo o insaculación como único procedimiento para incorporar ciudadanos.
Y otras limitaciones que podrían haber impactado negativamente al Consejo y al proceso electoral en sí mismo, serían:
1. Las
restricciones financieras a las que se sometió el órgano electoral, por parte
del Ejecutivo y del Legislativo,
2. Las
presiones políticas ejercidas por los partidos, mismas que pretendían la
descalificación de los sondeos reportados por las encuestas de salida,
efectuadas por empresas particulares,
3. La relativa
tardanza con que se inició la publicitación de los resultados del PREP, hecho
imputable a las desconfianzas manifestadas por los propios representantes de
los partidos políticos,
4. Algunas
fallas detectadas en la consistencia de la tinta indeleble y,
5. El reclamo de algunos ciudadanos ante la inexistencia de cortinillas en las mamparas, decisión que se tomó ante la solicitud expresa de las formaciones políticas.
Palabras
finales
Finalmente, y como colofón, sólo me resta decir que las reformas recientemente aplicadas al marco jurídico electoral del Estado fueron desafortunadas, tanto por su discutible orientación política y calidad técnica, como por su errada oportunidad. Se ven afectados los órganos electorales, precisamente cuando esta elección les permitiría levantar cabeza, fortalecer sus ámbitos de libertad y de autonomía en sus decisiones.
Cuando al interior del Consejo Estatal se desarrollaban reflexiones en torno a la necesidad de impulsar el proceso de su verdadera ciudadanización. Cuando se habían inaugurado estrategias de profesionalización y tecnificación de sus instrumentos. Cuando la sociedad en general, la sociedad civil y las organizaciones políticas comenzaban a opinar favorablemente sobre las instituciones electorales. Y cuando, en fin, se iniciaba el despegue eficaz del prestigio, la buena fama y la credibilidad del Tribunal y del Consejo Estatal Electoral.
Ha de quedar para mejor ocasión entonces ―para cuando la sociedad, a través de sus mejores ciudadanos, sea quien organice y califique las elecciones, o para cuando los partidos políticos saquen las manos de los procesos electorales―, la comprensión de las exigencias de transparencia planteadas por la sociedad, las circunstancias sociopolíticas especiales de Chiapas, y la nueva correlación de fuerzas existente a partir del veinte de agosto [de 1999], para, con base en ello, revisar y modificar el marco jurídico electoral bajo las siguientes orientaciones:
1. La consolidación de la autonomía de los órganos electorales,
2. La ciudadanización efectiva de las
instancias del Consejo o Instituto Electoral,
3. La profesionalización de las instancias
funcionales de los órganos electorales, y
4. La regulación renovada de las
prerrogativas y financiamiento de los partidos políticos.
Gracias a todos
por su atención.
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